Sólo la Dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid sabe cuánto cuestan a los madrileños las subcontratas con las que se ha sustituido a los 829 trabajadores de esta cadena pública despedidos con el ERE. No lo sabe la representación sindical (lo que queda de ella después de ser despedidos también 19 de los 21 miembros del Comité de Empresa). Y tampoco lo sabe la Inspección de Trabajo.

Después de varias denuncias de los sindicatos del EPRTVM y dos visitas in situ del inspector, su informe es contundente: «La falta de información al Comité de Empresa sobre las contratas para la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad, suponen infringir los Art.42 nº4 y 64 nº1 y 5 del Estatuto de los Trabajadores».

Y una vez más la mala gestión de los responsables de Radio Televisión Madrid (que no sólo se han librado del ERE sino que conservan íntegros sus sueldos superiores al Presidente del Gobierno) traerá consecuencias que pagarán los contribuyentes.

El inspector califica esta infracción como «grave a tenor de lo dispuesto en el Art. 7 nº7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social y la sanción resultante se aprecia en su grado máximo en atención al incumplimiento de las advertencias y requerimientos a que se ha hecho referencia y número de trabajadores afectados, según redacción del nº2 hecha por la Ley 13/2012 de 26 de diciembre de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social».

Estamos hablando de Telefónica Brodscast Services SLU, dedicada a la realización y producción de programas dentro de las instalaciones de Telemadrid y utilizando algunos medios técnicos de Telemadrid como la iluminación. Sólo sabemos que se la contrató días después del despido de toda la parte técnica de Telemadrid de forma provisional por dos meses y un importe total de 540.000 euros. El contrato ha debido ser prorrogado porque siguen trabajando en Telemadrid pero desconocemos cuánto ha costado esa renovación ni sus condiciones.

Está también Central Broadcast Media, CBM, filial del grupo Secuoya (donde es directivo el exportavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez). Antes del ERE ya aportaban algunos equipos de ENG. Ahora, despedidos todos los operadores y ayudantes de cámara, CBM ha aumentado el número de equipos que trabajan para Telemadrid con el fin de sustituir totalmente a los compañeros víctimas del ERE. Ni la representación sindical ni el Inspector de Trabajo sabemos cuánto cuesta el nuevo contrato con CBM.

Y por último tenemos la UTE Deloitte-Cuatrecasas (que cobró más de 140.000 euros por hacer el informe del ERE, con la firma de la cuñada del presidente regional Ignacio González) y Servicios General de gestión S.A. (filial de Deloitte). Donde antes estaban los compañeros despedidos de administración hay dos personas realizando su trabajo (finiquitos, nóminas, bajas en la Seguridad Social, tramitaciones de las cotizaciones etc). Amén de otras en principio encargadas de facilitar la documentación a los despedidos. Funciones que el inspector califica de «propias del Ente Público» sin que sepamos tampoco aquí cuánto cuestan, ni cómo, ni en qué condiciones están.

Sobre la calidad del trabajo de estas subcontratas no vamos a opinar. Dejémoslo en que no es mejor, ni siquiera parecido, al que hacían los trabajadores despedidos con el ERE. Tampoco vamos a cargar las tintas sobre los trabajadores de las subcontratas que bastante tienen con soportar las condiciones laborales de sus empresas por unos salarios «mileuristas».

Pero sí hay que volver a denunciar que detrás del ERE de Telemadrid no hay ahorro para el contribuyente madrileño sino un considerable trasvase de dinero público a manos privados a costa, como siempre, de los trabajadores. Y todo envuelto en un espeso (y conveniente) manto de opacidad.

La Parabólica nº 239