Sobre los trabajadores de RTVE planea un Expediente de Regulación de Empleo para el 2013 que podría afectar a 2000 trabajadores; los compañeros de la Televisión de Galicia llevan dos años denunciando ERES encubiertos; Euskal Telebista ha visto cómo su plantilla se reducía hasta los 628 trabajadores, y el nuevo Gobierno promete un adelgazamiento aún más drástico; en Canal Sur mantienen una lucha contra recortes y despidos desde que se anunció el cierre de su segunda cadena; en la Televisión de Canarias, la empresa que ya gestiona sus informativos, Videoreport, ha planteado un ERE que afectará al 20% de la plantilla; la Televisión de Aragón tiene previsto reducir los gastos de personal este ejercicio y los sindicatos temen que la empresa apueste por la vía de los despidos; en Castilla-La Mancha se habla de «reducción de la masa salarial» y «externalizaciones»; después de despedir a la mayoría de su plantilla, la Televisión de Murcia le ha adjudicado al Grupo Secuoya de Miguel Ángel Rodriguez la producción de sus informativos; en Canal 9 se ha aprobado un ERE con 1198 despidos del que, si la justicia no lo remedia, solo falta la ejecución (que si aún no se ha producido es por la falta de liquidez de la Generalitat Valenciana para pagar las indemnizaciones); y como cuenta en Noticias Digital el ex compañero Jaime Olmo, Telemadrid va a ser expoliada y en tres meses estaremos en la calle.

También la dirección de Televisión de Cataluña ha encargado a la empresa Price Waterhouse un plan de viabilidad. PWC y Deloitte se reparten así los estudios encargados por las administraciones, informes que siempre recomiendan recortes en la masa salarial y despidos de trabajadores. Según la revista Mongolia, Deloitte es la consultora a la que la Generalitat ha confiado la auditoría del sector público y otro estudio (este de financiación) para la televisión; quizá por ello la empresa tiene en nómina al jefe de campaña de Artur Mas: «El adelgazamiento de TV3 es una pésima noticia para sus trabajadores, pero magnífica para su principal competidor, el Grupo Godó, gran sostén de Mas. El grupo ha visto cómo el Govern colocaba al frente de TV3 a uno de sus directivos justo cuando su radio disputa el liderazgo a la pública y su televisión (8tv) se perfila como seria competidora de TV3. Además, La Vanguardia (del mismo grupo) ha obtenido casi 9 millones de fondos públicos en inyecciones directas, suscripciones y ayudas a la imprenta».

Los responsables de las televisiones públicas tienen varias cosas en común: casi todos se han pronunciado a favor de privatizar o externalizar, y la mayoría de sus dirigentes están inmersos en procesos penales por corrupción. Los responsables de Canal 9 están imputados en el caso Gürtel en la causa abierta en la Audiencia Nacional; los de la televisión balear IB3, en el caso Palma Arena; los de Castilla-La Mancha, por fraude, prevaricación y malversación; los de la Televisión de Murcia, por adjudicación ilegal.

Julià Álvaro ha explicado muy bien la situación: «el funcionamiento de los medios de comunicación públicos es una de las pruebas más evidentes del nivel de honradez y competencia de un gobierno, porque, a diferencia de otros ámbitos de gestión, las televisiones llegan cada día a nuestros hogares y, por tanto, es fácil darse cuenta de su calidad, pluralidad, manipulación o sectarismo. En las políticas industriales o urbanísticas, por poner un ejemplo, es necesario saber de la materia o hacer acopio de documentación para llegar a conclusiones. En el caso de la televisión, no. Basta con sentarse en el sofá y mirar. Cuando nos mienten también se nota. Pero no caemos en la cuenta de que cuando nos sirven información manipulada nos están intentando robar el voto y, es evidente que quien roba votos, cuando tiene ocasión, también roba dinero.

Así las cosas, Canal 9 y Telemadrid son indiscutibles testigos de cargo para el PP. Se trata de dos televisiones hundidas en el desprestigio social, en la falta de audiencia y en el déficit. Sus productos son profesionalmente indignos, económicamente indecentes y democráticamente inaceptables. No es casual, pues, que ambas empresas se hallen en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende llevarse por delante a tres cuartas partes de sus plantillas respetando, eso sí, a los directivos que, dicho sea de paso, son los responsables directos del desaguisado. Tampoco es casualidad que los máximos responsables políticos de las dos autonomías, ambos del Partido Popular, usen el mismo argumento para defender la necesidad del ERE: «Tenemos que elegir entre un ERE o cerrar». El presidente madrileño, Ignacio González, lo ha dicho textualmente. El discurso del gobierno valenciano es idéntico. Su vicepresidente, José Císcar, calca las palabras de González:»La alternativa al ERE es el cierre».

Lo primero que se debería recordar es que en ambos casos, el PP lleva ni más ni menos que diecisiete años gestionando las cadenas en cuestión y que, por tanto, si las empresas han llegado al borde de tener que cerrar es por su pésima administración. Éste es un detalle que pretenden obviar. La grave es que no solo se han cargado dos empresas, también se han llevado por delante un servicio público esencial para la información plural».