Como se especifica en el propio pliego, tras el eufemismo de la adecuación de la estructura a la «situación actual del mercado audiovisual, con el objetivo de lograr su viabilidad, ajustando los recursos de que dispone a sus posibilidades de ingresos y mejorando la eficiencia en la utilización de sus recursos técnicos y humanos» se esconde un ERE, puesto que la empresa asesora debe proponer la «adecuación de la plantilla al modelo propuesto» y especificar también las áreas que «en su caso, convenga, por su mayor eficiencia, ser externalizadas, proponiendo las fórmulas jurídicas más favorables y competitivas que deberían de ser utilizadas». En el caso de la televisión valenciana, por ejemplo, el informe de la auditora propuso la externalización incluso de los servicios informativos, como parte de un nuevo modelo de televisión autonómica. Los actuales directivos del ente madrileño pretenden que la asesoría incluya la «coordinación de la negociación de las condiciones de un nuevo convenio colectivo»; «la asistencia en el cálculo de las indemnizaciones, así como de las propuestas que presenten los representantes de los trabajadores, recomendando la solución más viable» o la «asistencia en la ejecución de los despidos y de las medidas establecidas en el Plan de Acompañamiento Social, así como en la planificación del proceso de salidas, coordinándolo con las nuevas contrataciones que, en su caso, fuera preciso efectuar». Efectivamente, lo que disponen la Comunidad y la empresa bajo el eufemismo de «plan de viabilidad» no es sino un ERE salvaje condicionado políticamente, redactado ominosamente con criterios altamente subjetivos, en el que se marcan sobre el papel las premisas ideológicas del proceso y trazado a medida para propiciar una purga laboral.

PWC

¿Y en quién recaerá la adjudicación del contrato publicado por la Dirección de Telemadrid? La premura de los plazos de entrega es imposible de cumplir a no ser que esté ya previamente diseñado. Las empresas de consultoría, en teoría, tendrían que ejercer de garante de que se cumple la ley, de que los datos de las cuentas presentadas son fiables y de que no existen conflictos de intereses que empañen las decisiones tomadas.

Según informa ATTAC, la empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC) está encargada en todo el mundo de lucrar a sus directivos y accionistas depredando los sistemas públicos y encargándose de privatizaciones. En sus nóminas figuran o han figurado Luis de Guindos, actual Ministro de Economía o Jaume Matas, expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, actualmente imputado en numerosos procesos por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y prevaricación. PWC está detrás de buena parte de los oscuros negocios multimillonarios entre la administración pública y las grandes empresas constructoras y financieras que han llevado a este país a la situación económica actual y, más concretamente, es responsable directa de la fragmentación, desmantelamiento y privatización del Institut Català de la Salut o de la concesión de la construcción del Hospital Xeral de Vigo a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pocos días antes de su intervención, cuando ya había sido definida por el mismo Banco de España como «lo peor de lo peor». PWC administraba Lehman Brothers en EEUU antes de su caída en 2008. Y Luis de Guindos era el presidente de Lehman Brothers en 2008 para España y Portugal. PWC le fichó tras el «crack» y éste estuvo vinculado a la consultora hasta su nombramiento como ministro de Rajoy. PWC apoyó con un informe la ópera de Calatrava encargada por Jaume Matas. El Govern pagó 1,2 millones de euros por un anteproyecto y una maqueta que Calatrava ya había diseñado 18 años antes para Zurich y que nunca se llevó a cabo. Tras perder las elecciones en 2007, Matas ficha por la consultora. PWC auditó la venta de Ribera Salud, de Rodrigo Rato. En esta operación se decidió otorgar a Capio (adjudicataria de la mayoría de hospitales públicos con gestión privada) el derecho exclusivo de compra. Por supuesto, al Consejo de Dirección de Capio pertenecen personajes como Manuel Lamela, casualmente exjefe del gabinete de Rato y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pero lo que es más importante: Isabel Linares Liébana, la exdirectora general del EPRTVM que ya reconoció haber encargado un estudio de reducción de plantilla (supuestamente a Cuatrecasas) dejó Telemadrid para fichar poco después por PWC como Senior Counsellor para el sector público. Y PWC también fue la adjudicataria del informe en el que se basa el brutal ERE de la RTVV. Blanco y en botella.

Por cierto, que el propietario de Cuatrecasas ha sido imputado este mismo año por fraude fiscal y evasión de impuestos. En un país serio estos datos ya serían indicios suficientes para una suspensión cautelar por parte de Competencia. Claro que tenemos un ministro de Industria (José Manuel Soria) que, en el colmo de la demagogia barata, sostiene que hay que elegir entre apagar incendios o tener televisiones autonómicas, mientras que España arde por culpa de los recortes de empleo a bomberos y forestales.