UN ERE QUE COCINARÁ LA CUÑADA DEL PRESIDENTE

Entre esos trabajos se incluye precisamente el estudio de un ERE encargado en 2009 por la entonces directora general Isabel Linares. Su presidente y socio principal, Emilio Cuatrecasas, está actualmente imputado por un delito de fraude fiscal de Millones de euros en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona. Y su socia en esta Unión Temporal de Empresas tampoco se queda corta (Dios los cría…). Uno de los socios principales de Deloitte, Miguel Monferrer, fue señalado por el FROB como responsable de la sospechosa auditoría de la operación de Aguas de Valencia: según el informe que Economía presentó en el juzgado número 3 de Valencia, no se entiende cómo esta firma no detectó las transacciones sospechosas entre partes vinculadas, ya que esta sociedad era la que auditaba al mismo tiempo a Aguas de Valencia y al Banco de Valencia.

Por si fuera poco, el socio de Deloitte que firmaba las cuentas de la compañía hídrica y de Banco de Valencia era el mismo Monferrer, que contrastó y dio por buenas las explicaciones del consejo de administración de Aguas de Valencia desde 2003 hasta que fue excluida de bolsa en 2009. También consideró adecuados los balances del grupo financiero desde que se encargó de auditarlos a partir de 2005. Es decir, revisó los números de las dos sociedades durante seis años.

Deloitte es la misma consultora que advertía que Internet colapsaría en 2007 y la misma que auditó las cuentas de Bankia. Deloitte no solo era la auditora habitual de Caja Madrid, Bancaja y Banco de Valencia, sino que dio por buena la valoración de Bankia en dos ocasiones: con motivo de la preparación de la salida a bolsa y en los estados intermedios de ese año, 2011. Ambos informes están firmados por el auditor, el primero con fecha del día 17 de junio y el segundo del 28 de julio, y en los dos el resumen que hace Deloitte es el mismo, el que se hace cuando no se realiza ninguna objeción: «En nuestra opinión, los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han elaborado adecuadamente, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con normas contables que le resultan de aplicación» . Deloitte cobró 5,8 millones por esas auditorías. Un grupo de accionistas de Bankia denunció ante los juzgados de lo mercantil a Deloitte y a Francisco Celma, responsable concreto de auditar la entidad, por ocultar su estado financiero real y perjudicar con su omisión a miles de pequeños inversores.

Mientras tanto, según Voz Pópuli, sus socios se pegaban un homenaje de 300.000 euros en un hotel de lujo de Chiclana, «para coronar el fin de un ejercicio que ha sido especialmente brillante para la firma, aunque no para la mayoría de los bancos y cajas sometidos a su tutela. Buena parte de las entidades financieras examinadas sin mayores problemas por Deloitte, Bankia incluida, van a tener que enchufarse al grifo del rescate europeo, pero eso no ha sido óbice para que los directivos de la auditora cerraran para su uso y disfrute el hotel Meliá Sancti Petri, uno de los hoteles de cinco estrellas que son referencia en España por su confort y trato inmejorable el cliente».

UTECA

Deloitte hizo también el año pasado un concienzudo estudio denominado «Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: Estudio de los modelos de Televisión Pública en Europa» encargado por UTECA (el lobby de las televisiones privadas) en el que sin embargo sacaba unas conclusiones que se daban de bruces con la realidad de los propios modelos que estudiaban; un informe cocinado para denunciar el que, según ellos, era el excesivo coste de las televisiones autonómicas en nuestro país.

Sin embargo, según sus propios datos y análisis por países, en Reino Unido el número de empleados en televisiones públicas era de 22.284, y el coste de personal, 2.000 millones de euros; en Alemania, 23.664 y 2.435 millones; en Italia, 13.352 y 1.010 millones de euros. En España sumaban tan solo 12.304 empleados entre todas las televisiones públicas, lo que suponía con mucho el coste más barato, 711 millones de euros. Sin embargo, las conclusiones del informe contemplaban el cierre de los canales autonómicos para sustituirlos por un canal público de cobertura nacional en el que se pudieran hacer desconexiones de 0 a 24 horas, con contenidos aportados por las Comunidades Autónomas, lo que consideraban «una variable de los modelos alemán e inglés».