La Dirección, en el escrito de comunicación del procedimiento sancionador, especifica que los motivos del expediente son «el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito o falta dolosa dentro de la Empresa. Atentar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía «. Estos motivos pueden ser, según la empresa, constitutivos de una falta muy grave.

El Comité de Empresa niega que ninguna de las personas citadas haya cometido ninguna de las faltas que se le atribuyen y que, según el Régimen Sancionador del Convenio Colectivo, pueden implicar sanciones que van desde la suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días hasta la despedida sin indemnización.

El Comité de Empresa considera que la acción de la Empresa está encaminada a amedrantar a los trabajadores e impedir la acción sindical en defensa de sus derechos. También es una revancha por no haber logrado imponernos la firma del ERE en unas condiciones que eran imposibles de asumir. En este sentido, la acción de la Dirección está orientada a entorpecer que los sindicatos suben preparar con normalidad la impugnación colectiva del Expediente que prevé despedir 1.198 trabajadores.

La postura de la empresa en este caso contrasta con la que tuvo en su momento con el ex secretario general, Vicente Sanz, al que no le abrieron ningún expediente a pesar de estar acusado por varios delitos de abusos sexuales contra trabajadoras de la casa. También contrasta con la inaccció que está teniendo a la hora de actuar contra el ex director general, Pedro García, imputado en el caso Gürtel por unos supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, fraude fiscal y blanqueo de dinero.

Burjassot, 31 de agosto.