Así, los poderes públicos tienen la obligación de legislar para proteger el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en lo general como en la información de proximidad, y, por eso, la gestión de la información se reserva a la titularidad del Estado en todas sus administraciones, también en las autonómicas.

Con la modificación de la ley audiovisual, el Gobierno da vía libre a la privatización de las televisiones públicas, no solo de su gestión, sino también, en la práctica, de su titularidad. El Ejecutivo suprime la exigencia de la producción propia de los servicios informativos, pretende tanto externalizar los servicios, como buscar una vía de salida para suprimir los servicios audiovisuales de carácter autonómico, vía privatización, o si no hubiera empresas dispuestas a asumir la gestión de la misma, hacerlos incluso desaparecer.

UGT considera que esta medida puede ser irreversible, que el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no puede suponer la vulneración de una información que se rija por los valores constituciones y que el Ejecutivo impone a las CCAA unas obligaciones que exceden de las competencias del Estado. Denuncia que tanto las radiotelevisiones públicas autonómicas, como RTVE, ya están sufriendo la constante externalización y la compra de productos a empresas privadas audiovisuales, que se pueden hacer perfectamente con los recursos humanos y técnicos propios de las empresas públicas y sin más costes añadidos. Una desviación innecesaria de recursos públicos que está contribuyendo sustancialmente al deterioro de la situación económica de las radios y televisiones públicas. En este sentido, se pretende de nuevo utilizar la crisis como excusa para introducir un cambio ideológico en el modelo de comunicación público, cercenando los derechos de ciudadanía y la calidad de la democracia. UGT denuncia, además, que no se ha tenido en cuenta a los interlocutores sociales ni el impacto que sobre el empleo puede tener la nueva ley (entorno a 20 mil puestos de trabajo).