Eso sin contar las ayudas destinadas a la compra de descodificadores y a la adaptación de las antenas colectivas que partieron de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, muy interesada en que la TDT llegara a todos los hogares en el menor tiempo posible. Aunque la Comisión de las Comunidades Europeas echó por tierra varios intentos de Alemania para subvencionar los costes de la nueva tecnología, declarando incompatibles con el mercado común las ayudas públicas a la TDT (al vulnerar el principio de neutralidad tecnológica que dictan las directivas comunitarias, ya que este tipo de subvenciones no se dirigen a otras formas de distribución de señales como el cable, el satélite, el ADSL o Internet) eso no fue óbice para que la Comunidad de Madrid se centrara precisamente en sufragar estas modificaciones. En los edificios con más de 20 viviendas las arcas autonómicas enjugaron hasta el 50% de ese coste. Las medidas afectaron a unas 700.000 viviendas, según los propios cálculos de la Comunidad (700 € por edificio).

¿Qué hemos ganado en Madrid con todo este despilfarro de dinero público? Pues ni más ni menos que la «limpieza étnica» de emisoras molestas para el Gobierno regional (Localia, TeleK) y un monopolio absoluto de canales transmisores de mensajes y valores ultraderechistas. Esos canales (y las empresas que los promueven) han sido financiados con la práctica totalidad de la cifra escandalosa (111 millones de euros sólo en 2011) que gasta la Comunidad de Madrid en publicidad institucional y propaganda, así como con generosos créditos blandos concedidos por entidades como Caja Madrid o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (sospechosamente, las cajas donde hacían y deshacían a su antojo Camps y Aguirre). El fiasco de Bankia (que Ignacio Escolar no duda en calificar de estafa) sitúa precisamente a la cúpula de la Comunidad de Madrid como responsable política del riesgo de intervención cada vez mayor que pesa sobre la economía española: la inyección que necesita la entidad supone al menos el doble de lo que se pretendía ahorrar con todos los recortes previstos en sanidad y educación; cada español tendrá que destinar su sueldo íntegro de un mes para rescatar ese banco. Otro ejemplo más de la excelencia que caracteriza a los «gestores» del Partido Popular, que han demostrado que el gobierno de Bankia obedece a los mismos intereses particulares que el de Telemadrid: quizá por eso uno de sus consejeros era primo de Esperanza Aguirre y entre sus vocales se encontraran una cuñada de Ignacio González o Ángel Acebes. Eso sí, Isabel San Sebastián no cree que, por todo ello, Esperanza Aguirre tenga alguna «responsabilidad directa o indirecta» en la gestión de la caja.