La Agrupación de Periodistas de la  UGT (AgP-UGT) manifiesta su oposición al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telemadrid que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha comunicado hoy a UGT y CCOO. La AgP-UGT muestra su apoyo a la plantilla de Radiotelevisión Madrid (RTVM), unos 1.175 trabajadores, que tanto tiempo lleva luchando en la defensa del carácter público de la radio y televisión madrileña.

El anuncio de hoy y las continuas declaraciones tanto del propio González como de Esperanza Aguirre, sobre la posible privatización de RTVM  suponen un riesgo para la  viabilidad del único medio de comunicación público que tienen los ciudadanos de Madrid. Nos preguntamos ¿Por qué el PP madrileño pone en peligro la radio y televisión autonómica de Madrid cuando otros miembros del PP en otras comunidades autónomas defienden sus cadenas públicas? ¿Acaso los madrileños somos ciudadanos de segunda y no merecemos una información de proximidad como la tienen los gallegos o los catalanes, por poner dos ejemplos?

El ERE va a significar una pérdida de empleo directo, que aún está por cuantificar, y también va a poner en peligro a los 2.000 trabajadores que de forma indirecta dependen de RTVM, que es la radiotelevisión autonómica más barata con un coste anual de 17 euros al año por habitante. El recorte de plantilla planteado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, junto con las amenazas de  privatización y externalización de los servicios informativos -posibilidades que tienen las Comunidades Autónomas tras las modificaciones planteadas por el PP de la Ley del Audiovisual-, suponen un nuevo golpe tanto al empleo como la calidad de la información que reciben los madrileños.

La AgP-UGT considera imprescindible que las radios y televisiones autonómicas mantengan el carácter de empresas públicas y sirvan para que los ciudadanos de dichas comunidades tengan una información veraz, plural y democrática. La privatización, el cierre o la externalización de los servicios informativos de estas empresas audiovisuales públicas, también significaría una merma en la calidad democrática y en la pluralidad informativa de nuestro país.