Aparte de apostar por la independencia y transparencia informativas, instó a ser riguroso en las investigaciones y debates «a través del tratamiento equilibrado de los puntos de vista divergentes».

Además, consideró durante su sesión plenaria que los códigos de conducta deben incluir las normas más exigentes en materia de diversidad e igualdad, y poner en marcha mecanismos claros de control editorial interno.

En cuanto a la nominación de puestos de responsabilidad, se pidió a los gobiernos que «no se utilice para ejercer una influencia política o de otro tipo» sobre su funcionamiento.

Instó además a no utilizar la financiación «para ejercer una influencia editorial o amenazar la autonomía institucional, lo que supondría un atentado a la independencia operacional de los medios públicos».

Esa financiación, a juicio del comité, debe permitir a los medios públicos «desempeñar su papel y cumplir su misión y ofrecerle así una seguridad suficiente».

Hace dos meses, el comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, alertó ya sobre las dos amenazas de los medios públicos: el intento de los poderes públicos de dominar el mercado mediático y la tendencia a desarrollar el aspecto comercial y a crear monopolios.

Texto en inglés de la Declaración del Consejo de Europa