A nosotros también nos afecta, como a cualquier trabajador del sector privado, la subida del IRPF o la del coste de la vida. Sin embargo, a todos los empleados públicos se nos aplica la tijera por igual, lo mismo da ser contratados, interinos, eventuales o trabajadores por obra. Muchos de nosotros hemos elegido trabajar en la empresa pública aún sabiendo que teníamos menores posibilidades de promoción personal que en la privada, que no podríamos negociar nuestra retribución individualmente o que íbamos a disfrutar de sueldos más bajos aunque ocupáramos puestos de responsabilidad. Mientras tanto, hemos soportado el cuestionamiento continuo de nuestra productividad, y hemos aguantado que se nos tratara poco menos que de vagos y maleantes: ahora vemos que en esta casa se hacen contratos con productoras para facturar programas muy parecidos a los que nosotros hemos sacado con la mitad de gente.

Pero está claro que estas imputaciones forman parte de una estrategia de desprestigio social con la que se pretende minar nuestra autoestima e impedir el aprecio de la ciudadanía hacia nosotros, de manera que no encontremos el más mínimo apoyo social cuando se anuncie cualquier otra medida orientada a reducir el gasto público por la vía del deterioro de la calidad (o incluso la destrucción) del empleo de los trabajadores que prestamos estos servicios. La patronal lleva tiempo buscando negocio en el sector público y tanto el gobierno central como los autonómicos le quieren facilitar la tarea ¿Qué mejor idea que el desmantelamiento de lo común ante un pastel tan jugoso como la educación, la sanidad o la televisión pública si se puede ofrecer de esa manera trabajo indecente para prestar esos servicios, con mini-empleos, mini-salarios, horas extraordinarias a discreción y despidos a precio de saldo? La tasa de temporalidad en la Administración española es del 24%. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores públicos no tiene empleo estable, y muchos son (somos) mileuristas. La población empleada en el sector público en España no llega al 10%, mientras que la media de Europa es del 16%, llegando a un 25% en países como Dinamarca. El gasto público dedicado a los salarios de los empleados públicos es el más bajo de la Europa de los 15. De hecho, desde 1982 hemos perdido un 24,58% de poder adquisitivo. Ante estos ataques frontales e injustificados, la UGT seguirá defendiendo nuestro papel de empleados públicos y rechazará cualquier iniciativa que atente contra el trabajo de calidad y contra el servicio que ofrecemos a nuestra comunidad. Los trabajadores de Telemadrid no sólo somos necesarios: somos imprescindibles.