Esta mal que lo hagan medios de comunicación privados vinculados a intereses particulares, pero resulta inadmisible que se haga con dinero público desde una empresa pública.

Sólo cabe pensar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Dirección de Telemadrid no aceptan que los sindicatos de los trabajadores les hayamos ganado la batalla judicial contra el ERE salvaje que llevaron a acabo, dilapidando dinero de todos los madrileños y el conocimiento y la experiencia de más de 800 trabajadores y trabajadoras.