Igual que hay estados fallidos como Somalia, en nuestro país existen comunidades fallidas como Valencia o Madrid, donde el partido en el poder se ha dedicado durante décadas a robar a manos llenas como consta en los numerosos procesos judiciales que tienen abiertos sus dirigentes.

Fabra ha justificado el cierre de RTVV porque su coste «iba en detrimento de los servicios sociales» y Pedro J. se preguntaba en un tuit si «¿hay alguien que prefiera que Fabra gaste 110 millones en Canal 9 a que lo haga en mejorar la Educación o la Sanidad», obviando que sus políticas están encaminadas a desmantelar la primera y privatizar la segunda.

El editorial de su periódico era hoy más tendencioso si cabe: «Fabra se encontró al llegar al Gobierno valenciano con una televisión pública con una deuda de 1.200 millones», como si ni él ni su partido hubieran gobernado la región desde 1995 y no la hubieran conducido a la ruina y al descrédito engordando su plantilla con comisarios y familiares.

A mi compañero David-Siro López Castro le publicaron el sábado una carta en ese mismo periódico, donde decía: «El presupuesto para Telemadrid del próximo año son aproximadamente unos 70 millones de euros, solamente un 1.6% menos que el presupuesto del pasado ¿Cómo es posible que se despida al 80% de la plantilla y el ahorro sea del 1,6%?».

Estamos hablando de un canal que no invierte desde hace dos años en producción propia ni ajena y donde se han quedado, con escasas excepciones, los que desembarcaron junto a Esperanza Aguirre para convertir una televisión pública de todos en su personal aparato de propaganda. ¿Hacia dónde se desvía el dinero que pagan con sus impuestos los sufridos contribuyentes? ¿De qué estamos hablando?

José Ignacio González, trabajador despedido en el ERE de Telemadrid