Estas brutales agresiones, junto con los recortes presupuestarios que se están produciendo en todas las cadenas autonómicas o la misma RTVE, son el pistoletazo de salida para acabar con un servicio que consideramos esencial e imprescindible en términos de rentabilida social e independencia informativa.

El servicio público estatal y autonómico de radiotelevisión y servicios interactivos son cruciales para salvaguardar la diversiad y la identidad cultural y lingüística, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.

El actual escenario de crisis económica no debe servir de justificación para entregar a grupos políticos y empresariales privads un servicio público de gran valor social, ya que si este servicio fundamental se privatiza, se pondrá en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información pública, veraz y de calidad, recogido en la Constitución Española y se perderá la custodia del fondo y archivo audiovisual estatal y autonómico.

Se ha demostrado, además, que el modelo de privatización y concesión a empresas privadas de las televisiones públicas autonómicas, puesto en marcha en Murcia, Canarias, Aragón o Castilla y León, y ya aplicada en origen en IB3 y la RTV canaria, no es viable social ni económicamente. No solo no ha garantizado una televisión de calidad, sino que tampoco ha reducido costes. Inmersas en procesos de despido colectivo (como es el caso de RTVCyL) e incluso de cierre (la televisión murciana ha dejado de emitir temporalmente), a pesar de la precariedad laboral de sus plantillas, no han proporcionado el servicio público de radiotelevisión costeado a través de los presupuestos generales de sus respectivas comunidades autónomas. Ha servido sólo para incrementar y profundizar las redes de corrupción tejidas en torno a la radiotelevisión y a diversos gobirnos autonómicos.

Otro modelo de televisión pública es posible. Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al servicio público y al mantenimiento del empleo, en el que la información veraz y de calidad sustituya a la manipulación partidista y donde los intereses de la ciudadanía primn sobre los de los lobbies empresariales y grupos políticos. En este sentido, rechazamos expresamente los informes de viabilidad encargados a grandes consultoras, como Price‐ Waterhouse, Deloitte, Cuatrecasas o KPMG, pues carecen de neutralidad y transparencia para emitir valoraciones sobre el funcionamiento de empresas públicas que desconocn, y actúan bajo la presión de otros clientes ligados a los intereses de la radio televisión privada.

Por todo ello, los abajo firmantes exigimos la retirada de los Expedientes de Regulación de Empleo y el cese de los despidos en RTVM y RTVV, así como la retirada de las medidas de recorte y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de los medios e comunicación públicos. Igualmente reclamamos que se garantice la viabilidad de éstos y sus principios fundacionales, negociando planes alternativos basados en la reducción de costes por medio de la producción propia interna y la internalizació de servicios; controlando el gasto y limitando el número y las retribuciones de los equipos directivos, con una financiación estable, a través del contrato‐programa u otras fórmulas, que permita la continuidad y sostenibilidad del servicio público de comunicación.

Así mismo, expresamos nuestra voluntad de defender la existencia de una radiotelevisión pública que:

Disponga de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad; que proporcione una información veraz e independiente, que respete el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas, garantizando el acceso universal a la cultura, al entretenimiento y a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital.

SIN INFORMACIÓN NO HAY DEMOCRACIA