Empleo Público y Viabilidad

-Pero, aunque nos despidan ¿un plan de recolocación en las empresas que se hagan con la concesión del servicio no paliará nuestra desgracia, ya que, aunque en peores condiciones, al menos podremos seguir trabajando?

Querido amigo: no hay ninguna garantía de que la subcontrata requiera de tus servicios, ni aún en peores condiciones que las actuales. Carlos Hernández, ex trabajador de Antena 3, nos exponía esta semana lo siguiente: «He buscado en la RAE un calificativo que pueda definir a quienes son capaces de despedir a una de sus empleadas que, tras trabajar más de 20 años en la empresa, tiene un tumor en una mama y está a punto de ser operada. He buscado en la RAE un calificativo para quienes, el mismo día, despiden a otro trabajador con similar antigüedad y que padece una dolencia en la espalda provocada, precisamente, por el trabajo que ha realizado para esa empresa. Les voy a llamar miserables (…) Lo que les cuento sucedió hace un par de semanas, en Madrid. Y lo ha realizado una subcontrata de Antena 3 Televisión.

Maurizio Carlotti, Silvio González y Gloria Lomana, entre otros, decidieron hace tiempo desmantelar esta empresa. Pese a ganar millones y millones de euros se aprovecharon de resquicios legales e ilegales para despedir a centenares de trabajadores. Disponían también de millones de euros para engordar sus sueldos con cuantiosos bonus, pero no dudaron en dedicarse a despedir y a externalizar. No se salvó ni el Comité de Empresa elegido democráticamente por los trabajadores. Las leyes laborales no iban ni van con ellos. Primero se despide y si, pasados unos años, el agraviado acaba demostrando en los tribunales que se actuó ilegalmente contra él, pues se le da una mísera indemnización y a correr. (…)

La teórica responsable es la subcontrata llamada Central Broadcaster Media S.L. (CBM). Esta empresa incorporó a los cámaras/reporteros que trabajaban en informativos y que habían sido externalizados. Seguían trabajando para los informativos de Antena 3, viajaban a la guerra en Libia o en Siria. Pero cobraban menos de la mitad de su sueldo porque ya no eran trabajadores de Antena 3 aunque grababan todas las imágenes de sus informativos. Desde hace semanas se está produciendo una nueva sangría de despidos. (…) Hace algunos días un burofax llegó a casa de otros dos grandes cámaras que se encontraban de baja por enfermedad. Ella estaba a punto de pasar por el quirófano porque le habían encontrado un tumor en una mama. Atrás quedaban más de 20 años de trabajo en Antena 3 y en la citada subcontrata. Se había jugado la vida en Irak con la misma pasión con la que grababa los entrenamientos del Atlético o un concierto en el Teatro Real. Él llevaba más de 25 años cargando con una cámara al hombro. Por ello su columna vertebral, como la de tantos otros reporteros, le dijo ¡basta! hace algunos meses. Fue el reportero que más guerras cubrió para Antena 3. De nada sirvió su dedicación y su experiencia. Fue despedido cuando se estaba rehabilitando para volver al trabajo cuanto antes».

-¿De verdad son tan costosas las televisiones públicas autonómicas?

Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAvF) ha realizado un estudio comparativo sobre la sostenibilidad de las televisiones públicas en Europa, valorando las distintas vías de financiación de las mismas. Las comunidades que más invierten por habitante son el País Vasco con 58,85 euros y Aragón con 48,46 (curiosamente un modelo externalizado). Por contra, las que menos invierten son Andalucía con 19,62 euros y Madrid con 18,85, lo que supone tan solo el 0,08% del presupuesto de la Comunidad.

Respecto a la comparativa por países, el estudio señala que la media europea de inversión anual por habitante está en 54,8 euros (el triple que Madrid) y que España es de los países europeos que menos dinero destina a financiar sus televisiones públicas, coincidiendo con la investigación que Deloitte hizo para UTECA.

-¿Debería tener la televisión pública una rentabilidad social o cultural?

Cuando en 1988 se aprobó la Ley de Televisión Privada la primera idea, expresada en la primera frase del documento, declaraba que la televisión era un «servicio público esencial». En las primeras líneas el concepto de servicio público estaba repetido hasta cuatro veces, y las expresiones «interés de los ciudadanos», «pluralismo informativo», «opinión pública libre» y «extensión de la cultura» reconocían el derecho a gestionar este servicio público de manera indirecta, siempre y cuando se respetaran esos principios. Sin embargo, en la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, que derogó la anterior, la primera idea expresada en la primera frase del documento gira en torno a los conceptos «industria» y «economía», apareciendo en el segundo párrafo «un modelo de explotación muy asentado pero comercialmente poco sostenible», en el tercero «la calidad de la señal audiovisual» (sin hacer mención alguna a la calidad de los contenidos) seguido del concepto «modelos de negocio»: sólo llegando al cuarto párrafo podemos leer la necesidad de «proteger al ciudadano», aunque ese principio se supedite al de dar «seguridad a las empresas».

Antes de plantear siquiera reducir la plantilla, ni siquiera se han intentado para Telemadrid otras fórmulas mixtas o vías alternativas de financiación que, sin embargo, se han aplicado en otros ámbitos a bombo y platillo. Según relataba El País (17/10), «en un acto que se ha convertido en un alegato en favor del mecenazgo y de la colaboración del sector privado con las Administraciones públicas, se ha inaugurado esta mañana en Matadero Madrid la Casa del Lector, gracias a un acuerdo entre la Fundación Sánchez Ruipérez y el Ayuntamiento».

En los años 80, durante la Administración Reagan, el prestigioso Laboratorio de Medios del MIT también tuvo que recurrir a recabar fondos privados para completar su presupuesto, poniendo en serios aprietos un liderazgo mundial de casi tres décadas en innovación y desarrollo: «antes era únicamente la asignación pública nuestro pan y nuestro vino, y ojalá volviera a serlo», se quejaba entonces Nicholas Negroponte, su director.

Sus responsables no dudaron en salir a la búsqueda de aportaciones privadas para costear sus investigaciones, destinadas al desarrollo para el futuro de los medios de comunicación, pero con unas bases muy claras: «Los empresarios patrocinadores son los que deben encontrar la manera de capitalizar nuestros inventos. A cambio de su dinero obtienen durante un periodo de tiempo la llave de nuestro laboratorio y el acceso a conocer todo el paquete de nuestros proyectos, igual que el resto de financiadores. Ninguno de los trabajos puede ser patentado y los derechos son nuestros». Esas restrictivas exigencias no constituyeron problema para que el Media Lab alcanzara acuerdos con LEGO, Sony, IBM o Apple.

Hay organizaciones en España que parecen dispuestas a invertir en propuestas diferentes: por ejemplo, la Fundación Mapfre ha organizado para este noviembre el Festival 4+1 de forma simultánea en Argentina, Brasil, Colombia, España y México, un evento que tiene como principal propósito recuperar los títulos más significativos del audiovisual más reciente y que, pese a su participación en los principales certámenes cinematográficos del mundo y su reconocimiento explícito a través de galardones de jurados, crítica y público, no han conseguido acceder a los circuitos comerciales. Eso se llama servicio público.

Las televisiones, además de vertebrar el derecho social, son potentes generadores de conocimiento. Contra aquellos que creen que la televisión pública es una tribuna para que Mariló Montero diga que el alma transmigra de los órganos de los asesinos al trasplantado, o los que piensan en ella como un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno, Charles Kenny, reconocido experto mundial en el medio, aseguraba en la revista Foreing Policy que los políticos deberían controlar menos la televisión, no intentar limitar la libertad de expresión ni inmiscuirse en los informativos, garantizando que el medio ayude a informar y no a adoctrinar:

«Por supuesto, hay unas cuantas cosas que los gobiernos pueden hacer para encaminar el inmenso poder de la televisión en una dirección positiva, como patrocinar espacios de servicio público bien concebidos». Como escribe Javier Pérez de Albéniz en Cuarto Poder (24/10), «la solución no es cerrar las televisiones autonómicas, o privatizarlas, sino gestionarlas de manera cabal. Entretenimiento de calidad (menos toros, menos westerns viejunos, menos tonadilleras) y buenos programas informativos, libres de la presión de los políticos locales. ¿No es posible semejante alarde democrático? Pues entonces quienes sobran son los políticos, no los medios».

Según cuenta Abc (08/09) «en otoño de 1958, el innovador músico John Cage residía en Milán, donde el prestigioso Luciano Berio le había invitado a trabajar en el Estudio de Fonología de la RAI (televisión pública italiana). Berio y Umberto Eco le sugirieron la posibilidad de aprovechar sus conocimientos sobre setas para participar en el concurso Lascia o raddoppia e intentar conseguir así algún dinero extra para el departamento. Parecía una idea descabellada, pero Cage se presentó y ganó».

Y es que la inversión en investigación y desarrollo ha sido durante muchos años una de las razones de existir de la radiotelevisión pública: la británica (que tiene unos ingresos comerciales de más de 1.300 millones de libras) contó con el mítico BBC Radiophonic Workshop hasta que Margaret Thatcher (que odiaba a la operadora por su insultante independencia del Gobierno) lo externalizó para luego cerrarlo tres años más tarde. Este año se ha vuelto a reabrir. Las innovaciones musicales y técnicas desarrolladas en su legendaria Habitación 13 tuvieron una gran influencia sobre la música popular o la narrativa audiovisual.

También el Experimental Television Lab de Nueva York, soportado por la Wnet y cuyos programas se emitían por las 354 emisoras públicas locales de la PBS, inventó la alta definición, la emisión multicanal o la distorsión digital de la emisión de video, además de acoger a videoartistas entonces emergentes (y ahora estrellas internacionales) como Nam June Paik o Bill Viola.

-¿Es posible privatizar Telemadrid?

Javier Mayoral, profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, defendía en el diario Público (22/10) que teóricamente «no es posible privatizar Telemadrid porque ya fue privatizada hace años por aquellos mismos que pregonan ahora la necesidad ineludible de privatizar». Lo hacía en el documentado y riguroso artículo: Una teoría sobre Telemadrid.

-¿Son inevitables los despidos?

Por supuesto que no: hay muchas medidas de ahorro y otras vías de financiación a las que se pueden recurrir antes de acometer una medida tan traumática como los despidos forzosos. De hecho, la mayoría de los expertos consideran que los recortes de personal son la peor medida para hacer frente a la crisis. Con el fin de paliar los efectos de una reestructuración de plantilla, la consultora Arrabe Asesores ha creado un departamento que ofrece un sinfín de alternativas a los despidos masivos. Incluso en el caso de que no hubiera más remedio que acometer una rebaja en la partida referida a la masa salarial, el estudio contempla medidas como prejubilaciones, reubicaciones en otras áreas o reducciones de jornada voluntarias. Para ilustrarlo, pone como ejemplo el caso de un trabajador que perciba 1.700 euros al mes. Una reducción del 50% de la jornada a la que éste se pudiera acoger voluntariamente supondría a la empresa un ahorro de más de 12.000 euros al año, y el empleado no perdería antigüedad ni derechos laborales. De este modo, aunque se reduzca la jornada a la mitad (o se trabaje la mitad del año) el profesional reduce su sueldo en una proporción mucho menor.

Miguel Ángel Ferrer, director general de Arrabe, nos explica que «muchas empresas –y más tratándose de industrias creativas- no se dan cuenta de que identificar y retener el mejor talento es muy costoso. Si prescinden de los mejores y se quedan sin mano de obra cualificada por una situación de crisis coyuntural, cuando recuperen su actividad tendrán que volver a contratar otros profesionales e invertir más dinero en su formación».

Los directivos de la cadena de televisión estadounidense HBO, responsable de algunos de los mejores productos audiovisuales de esta década, explicaron el año pasado los planes maestros de la compañía para el futuro. Según informaba el diario El País, los responsables de HBO no habían tocado ni a un solo empleado de los que poseía la cadena en EE UU. No sólo eso: su oferta para los próximos meses incluía la búsqueda de «jóvenes talentos que se merecen una oportunidad», demostrando su compromiso con una línea de trabajo que no entiende de reducciones preventivas, coyunturas financieras o modelos de gestión temporales: «Sabemos que hay crisis, que es muy dura, pero también sabemos que históricamente nuestra compañía ha crecido en momentos duros. La gente demanda calidad y al final se quedan con lo que les merece confianza».

-¿Qué utilidad tiene una huelga general?

Según un artículo publicado por eldiario.es, en un momento marcado por el paro, la precariedad y el miedo al despido, diversos expertos universitarios coincidían en la importancia simbólica que tienen estas convocatorias para influir en las conciencias, responder a las agresiones a los derechos y generar cambios, tanto en las políticas como en la relación de fuerzas entre actores políticos y sociales.