Examinando el caso del diario Pueblo, en 1973 sus nóminas incluían a 900 personas, de los que acudían regularmente a trabajar una tercera parte. El resto eran en su mayoría la troupe y la parentela que su director, Emilio Romero, introdujo en la pesebrera estatal durante la dictadura. El entonces procurador familiar por Salamanca, Jesús Esperabé de Arteaga, recogió parte de esa lista en una pregunta formulada el 31 de enero de 1973 al ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García del Ramal:

»A LA PRESIDENCIA DE LAS CORTES:

El procurador que suscribe, usando de las facultades que el reglamento le concede, formula para la sesión informativa del ministro de Relaciones Sindicales las siguientes preguntas: El director de Pueblo ejerce, a la vez, funciones de gerente. En el periódico trabajan los siguientes familiares del mismo:

1. Su hijo, don Emilio Romero Montalvo, que es subdirector general.

2. Su hija, doña Mariví Romero Montalvo, que es comentarista taurina.

3. Su yerno, don Juan Manuel Martínez Yllescas, que es jefe de publicidad.

4. Su yerno, don Francisco Torralba, que es inspector general de ventas.

5. Su cuñado, don Balbino Luengo Pérez, que es secretario particular del director.

6. Su primo, don Jose García Nieto, que es oficial mayor y jefe de compras y mantenimiento, y 7. Su cuñada, doña María Teresa Montalvo, que es secretaria particular, excedente. En su virtud, se pregunta: Primero, ¿Han ingresado por concurso u oposición los anteriores parientes del director de Pueblo? Segundo, ¿No estamos en presencia de un caso de nepotismo?».

Durante la transición, los partidos de la derecha empezaron a reclamar la privatización de la MCSE, y los de la izquierda a desarrollar una cierta filosofía de prensa pública que coexistiera con la prensa privada tradicional. Para los empresarios su mera existencia era una grave anomalía perturbadora del mercado y altamente gravosa para el dinero del contribuyente. Para los sindicatos recién legalizados, representaban la posibilidad de una prensa de propiedad pública que respondiera a los intereses generales por encima de las deformaciones y manipulaciones privadas, máxime teniendo en cuenta que, casi sin excepción, todas las cabeceras privadas existentes habían sido cómplices y propagandistas del régimen anterior.

El Gobierno de UCD adoptó al fin un proyecto de ley para su liquidación. Escribía entonces Miguel Ángel Aguilar: »La suerte de los MCSE está echada. Su salida a pública subasta parece cosa de meses. Todo va a consumarse sin conceder abiertamente a los trabajadores la posibilidad de constituirse en sociedades laborales y presentar su opción de compra, siempre con derecho de tanteo y retracto sobre cualquier otra y con facilidades crediticias de largo plazo y bajo interés, asi como exenciones fiscales, para hacerse cargo de la gestión. Muchos periódicos podrían resultar viables por ese procedimiento y originar así nuevas fórmulas de propiedad muy estimulantes en el actual panorama de la prensa. Como tantas otras veces, los periódicos se van a entregar a ciertos corsarios que, sin poner un duro y con ayudas del Estado, aprovecharán para hacernos el favor de adquirir notoriedad y redondear sus negocios subvencionados. Para los protagonistas de la represión todo han sido generosidades y atenciones, para sus víctimas escamoteos y dilaciones».

El 5 de noviembre de 1981 El País informaba del dictamen aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados sobre la supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, en el que se establecía la enajenación en favor de personas privadas de los periódicos de la citada cadena. Con los votos de UCD y la minoría catalana (CiU) fue rechazada la enmienda defendida por el PSOE para que los periódicos incautados o confiscados como consecuencia de la guerra civil pudieran ser reclamados, antes de su enajenación, por sus legítimos propietarios. La misma composición de votos adversos sirvió para rechazar aquellas enmiendas de la izquierda que proponían un derecho preferente de los trabajadores para la adquisición del periódico estatal a enajenar. El grupo centrista consintió en una fórmula que resultó aprobada en los siguientes términos: »Previamente a la celebración de la subasta, los trabajadores de cualquier medio que, en proporción superior a los dos tercios de la plantilla, se constituyan en cooperativa o sociedad anónima laboral, podrán adjudicarse en el plazo de un mes el medio de que se trate, por el valor peritado a efectos de licitación y abonando la totalidad del importe». El PSOE y EE dedujeron de la actitud de UCD el rechazo de cualquier posibilidad real de acceso de los trabajadores a la propiedad, y la preferencia de la derecha por los grupos de presión acordes con las líneas ideológicas deseadas. Las enmiendas de los grupos de izquierda que pretendían establecer facilidades crediticias a las asociaciones de trabajadores para que pudieran ejercitar el derecho de adjudicación del periódico en el que trabajaban, así como la posibilidad de introducir apoyos económicos de personas que no trabajaran en el medio (hasta una cantidad no superior al 50%) fueron rechazadas.

En la sesión plenaria del 16 de diciembre de 1981 el Congreso de los Diputados acordó que »durante los treinta días siguientes a la ejecución de la subasta, los trabajadores del medio de que se trate tienen derecho a optar por seguir empleados en el periódico o pasar a formar parte de la Administración. Además, si en el transcurso de dos años desde que el nuevo propietario se hiciera cargo de la publicación éste planteara una reestructuración o reducción de plantilla, los empleados que se quedaran sin trabajo podrían igualmente acogerse al beneficio de pasar a ser funcionario de la Administración Pública. En el supuesto de que en las tres convocatorias de subasta que marca la ley nadie se adjudicara el periódico, los trabajadores tienen el derecho voluntario a formar parte de la Administración del Estado o a ser indemnizados con una cantidad equivalente al salario de un mes por año trabajado, siempre que no se superen las cuarenta y dos mensualidades, es decir, el importe de tres años y medio».

Todas estas medidas fueron justificadas por el Congreso de los Diputados como una garantía para que los más de tres mil trabajadores de la MCSE no se quedaran sin empleo. El diario Pueblo fue uno de los últimos de la MCSE en ser cerrado, en 1984. 28 años después, prácticamente toda la prensa en papel de nuestro país responde a una ideología conservadora, cuando no directamente ultraderechista. En la propiedad de los medios de comunicación nada parece haber cambiado desde el golpe de Estado que desencadenó la guerra civil.

Hermann Tertsch, hijo de Ekkehard Tertsch, lo ha dejado dicho esta semana: «Lo que parece ya claro es que Telemadrid no será una tele sindical. Infamias, insultos y acoso que yo he recibido de estos sindicalistas dan para un libro». Aunque ya había dado muestras de su pensamiento hace dos años: «El hecho de mantener una plantilla repleta de bolcheviques en una Comunidad Autónoma que vota en mayoría absoluta un proyecto liberal conservador no sólo es un absurdo, sino que es un peligro». (ABC, 2-05-2010).