Así, las modificaciones que UGT logró introducir a la Ley General Audiovisual para mantener nuestro carácter público y nuestros puestos de trabajo quedarán derogadas. Las estrictas condiciones que propone la reforma conducen de forma segura al estrangulamiento del modelo y no son sino una excusa para el expolio del patrimonio común: las comunidades que sigan con sus frecuencias habrán de elegir entre sacarlas a concurso y privatizarlas o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.

En cualquier caso, y de acuerdo con la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, los Gobiernos regionales que quieran mantener sus cadenas tendrán que equilibrar ingresos y gastos, algo que al diario El Mundo (21 de abril de 2012) le parece «absolutamente necesario y que obligará a un recorte drástico de plantillas en Canal Sur, Canal Nou, ETB, Telemadrid o la TV3 catalana, que subsisten gracias a cuantiosas subvenciones. Esperanza Aguirre ya ha dicho en más de una ocasión que privatizará Telemadrid en cuanto la ley lo permita». Según relataba ABC el 22 de abril, «el propio entorno de la presidenta se encargó de filtrar el pasado viernes que su decisión era definitiva y que no había marcha atrás: «vamos a privatizar Telemadrid», afirmaron sin titubeos». La primera en hacer declaraciones fue la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, que afirmó que mantener una televisión pública como Telemadrid, «con el coste que supone para los madrileños, en este momento no es una prioridad» para el Gobierno regional. Peregrino argumento que podríamos retorcer de la siguiente manera: la consejería de Presidencia y Justicia, y concretamente su titular, son totalmente prescindibles para los ciudadanos de la Comunidad.

Ese mismo día, el vicepresidente Ignacio González repitió que la privatización era la preferencia del Gobierno. Estrella Digital ha recordado que, solo en el último mes, González está siendo investigado por una casa de lujo que dice tener alquilada en Marbella y por un posible caso de espionaje, y denunciado por una presunta malversación de fondos públicos en el Canal de Isabel II y por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la gestión de Las Ventas a la empresa Taurodelta.