La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha demandado la necesidad de «regular la dación en pago con efectos retroactivos, establecer una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social».

Carmen López ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa para anunciar el inicio de la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social, una iniciativa «urgente y necesaria para la reforma de la ley actual».

En ella, ha considerado que la Comisión Promotora de esta ILP, integrada por más de 50 asociaciones y organizaciones sociales, entre ellas UGT, «pretende reunir más de 5 millones de firmas» de aquí al 31 de octubre, ya que «desde el 2007 se han producido casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en nuestro país, produciéndose un drama familiar en nuestra sociedad».

«Este drama», ha considerado, «no tiene un único culpable, sino que tiene varios, entre ellos la banca y los poderes públicos». La banca «porque ha llevado a la extenuación el negocio inmobiliario, la especulación y los créditos sin control. Y en este apartado el principal responsable ha sido el Banco de España, que ha permitido el endeudamiento del conjunto de los trabajadores sin ningún control».

En este sentido, el Banco de España «debería ser más responsable y asumir su dejación permitiendo la especulación en vez de haber supervisado aún más a las entidades financieras, que no solo se quedan con la vivienda del ciudadano, sino que le embargan los salarios y sus bienes y, además, siguen manteniendo la deuda de la vivienda perdida».

Y los poderes públicos porque «tienen el deber de que todos los españoles tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como dice el artículo 47 de la Constitución, y en vez de eso han fomentado y han permitido la especulación del suelo, que con la continua subida de su precio ha convertido a la vivienda en un artículo de lujo».

Por ello, UGT demanda «la apertura de la Mesa de Diálogo Social de Vivienda para poder abordar esta problemática» y reclama «al Gobierno y al conjunto del arco parlamentario que cambie la ley y actúe contra este drama social que afecta a tantos miles de familias».